La línea de pensamiento de Henry David Thoreau, transitando por la senda de la desobediencia civil, lo condujo a concluir que un gobierno no debe tener más poder que el que los ciudadanos estén dispuestos a concederle.
Es una idea simple, incluso habrá quien crea que es una obviedad. Sin embargo, la realidad histórica comprueba que quienes ejercen el poder suelen olvidar este principio e incluso tratan de ignorar el hecho de que sólo dirigen el destino de un país de forma coyuntural; pero, más grave aún, esa misma realidad pone en evidencia que el pueblo también olvida su cuota de responsabilidad en los excesos y desmanes que comete quien lo gobierna.
El pensamiento de Thoreau alimentó las luchas de líderes como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, partiendo del principio de que es lícito desconocer una norma que se considere injusta o ilegítima, para lo cual es preciso desafiarla e invalidarla con la decisión civil de incumplirla.
En Venezuela se vive una severa crisis institucional a la par de una aguda crisis económica con altos niveles de descontento popular y de inestabilidad política, contexto en el cual los líderes opositores han invocado dos artículos de la Constitución de la República:
Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
El primero llama al ciudadano a convertirse en defensor de la Constitución y el segundo a que la ciudadanía como colectivo desconozca al Gobierno y las leyes que estime ilegítimos en el marco de los valores democráticos y los derechos humanos.
Más allá de la resistencia y de la desobediencia civil, se trata de cumplir con el deber ciudadano de imponer límites al poder, algo ante lo cual no cabe la indiferencia.